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El STF decide que el cumplimiento de la sentencia debe comenzar solamente después del agotamiento de las apelaciones

Por mayoría (6-5), el Plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminó que es constitucional la norma del Código de Procedimiento Penal (CPP) que prevé el agotamiento de todas las posibilidades de apelación (res judicata) para que se ejecute la sentencia de prisión. El jueves (7), la Corte concluyó el juicio de las Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADC) 43, 44 y 54, que fueron confirmadas.

A favor de ese entendimiento, votaron los ministros Marco Aurélio (relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello y Dias Toffoli, Presidente del STF. Según la corriente mayoritaria, el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal (CPP), según el cual "nadie será arrestado excepto en flagrante delito o por orden escrita y razonada de la autoridad judicial competente, como resultado de una sentencia condenatoria definitiva o, en el curso de la investigación o del proceso, en virtud de la prisión temporal o prisión preventiva ", se ajusta al principio de presunción de inocencia, garantía prevista en el artículo 5, alínea LVII, de la Constitución Federal. Los ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux y Cármen Lúcia votaron en sentido contrario. Ellos entendieron que la ejecución de la sentencia de prisión después de la condena en segunda instancia no viola el principio de presunción de inocencia.

La decisión no prohíbe el arresto antes del agotamiento de las apelaciones, pero establece la necesidad de que la situación del acusado sea individualizada, con la demostración de la existencia de los requisitos para la detención preventiva previstos en el artículo 312 del CPP - para garantizar el orden público y económico, por la conveniencia de la instrucción penal o para garantizar la aplicación de la ley penal.

El juicio de las ADCs comenzó el 17/10 con la lectura del informe del Ministro Marco Aurélio y se reanudó el 23/10, con las declaraciones de las partes, y los votos de los ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin y Luís Roberto Barroso. En la sesión del 24/10, el juicio continuó con los votos de los ministros Rosa Weber, Luiz Fux y Ricardo Lewandowski. En la sesión de hoy, la Ministra Cármen Lúcia y los Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello y Dias Toffoli presentaron sus votos.

 

Ministra Cármen Lúcia

La ministra se sumó a la disidencia abierta en la sesión del 23 de octubre por el Ministro Alexandre de Moraes, afirmando que la posibilidad de ejecución de la sentencia de prisión con la conclusión del juicio en segunda instancia no afronta el principio de presunción de inocencia. Según ella, el punto LVII del artículo 5 de la Constitución Federal debe interpretarse en armonía con las demás disposiciones constitucionales que se ocupan del arresto, como los artículos LIV (debido proceso legal) y LXI (arresto en flagrante delito o por orden escrita).

La efectividad del derecho penal, según la compresión de la ministra, se debe a la seguridad en cuanto a la ejecución de las sentencias. Sin ella, "lo que prevalece es la creencia en la impunidad". Sin embargo, la eficacia del sistema penal debe salvaguardar "la indispensabilidad del debido proceso legal y la observancia insuperable del principio de contradición y las garantías de defensa".

Ministro Gilmar Mendes

En su voto a favor de la constitucionalidad del artículo 283 del CPP, el ministro Gilmar Mendes declaró que, después de la decisión del STF en 2016, que autorizó la ejecución de la sentencia penal antes de la cosa juzgada, los tribunales comenzaron a entender que el procedimiento sería automático y obligatorio. Según el ministro, el decreto automático de arresto sin la especificación adecuada y la individualización del caso concreto es una interpretación distorsionada de lo que fue juzgado por la Corte Suprema.

Para Mendes, la ejecución anticipada de la sentencia penal sin demostrar los requisitos de arresto viola el principio constitucional de no culpabilidad. Señaló que, en los últimos años, el Congreso Nacional ha aprobado enmiendas al CPP con el objetivo de adaptar su texto a los principios de la Constitución de 1988, incluida la presunción de inocencia.

Ministro Celso de Mello

Al sumarse al relator, el ministro declaró que todo juez del STF está de acuerdo con la necesidad de repudiar y reprimir todas las formas de conductas delictivas por agentes públicos y empresarios. Por lo tanto, no considera que haya fundamento en la interpretación de que la defensa del principio de presunción de inocencia puede obstruir las actividades de investigación y persecución del Estado. Según él, la represión a los crímenes no puede faltar al respeto y transgredir el orden legal y los derechos y garantías fundamentales de los investigados. El decano también enfatizó que la Constitución no puede someterse a la voluntad de los poderes constituidos ni el Poder Judicial puede basar sus decisiones en la protesta pública.

El ministro subrayó que su posición sobre el tema ha sido la misma durante 30 años, desde que tomó posesión como Ministro del STF. También hizo hincapié en que el requisito de cosa juzgada no excluye la decretación de arrestos preventivos en sus diversas modalidades.
Lea el voto completo del ministro Celso de Mello. (en portugués)

Ministro Dias Toffoli

El último en votar, el presidente del STF explicó que el juicio se refiere a un análisis abstracto de la constitucionalidad del artículo 283 del CPP, sin relación directa con cualquier caso específico. Para Toffoli, el encarcelamiento basado únicamente en una condena penal solo se puede ordenar después de que se hayan agotado todas las posibilidades de apelación. Ese entendimiento, explicó, deriva de la decisión expresa del legislador y es compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia. Sin embargo, según él, el Parlamento tiene la autonomía para cambiar ese dispositivo legal y definir el momento del arresto.

Para el ministro, la única excepción es el fallo del Tribunal de Jurados, que, según la Constitución, es soberano en sus decisiones. Toffoli también subrayó que la exigencia de cosa juzgada no conducirá a la impunidad, ya que el sistema judicial tiene mecanismos para frenar los abusos en las apelaciones con el único propósito de obtener la prescripción de la pena.

Redacción // CF

 

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