TAMAÑO Diminuir tamanho da fonte Aumentar tamanho da fonte
Destaques Impresión

STF considera legal compartir datos bancarios y fiscales con el Ministerio Público


 

28/11/2019

 


El Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminó que es legal compartir con la Fiscalía (Ministerio Público) y las autoridades policiales, a efectos de la investigación penal, todos los datos bancarios y fiscales del contribuyente obtenidos por la Agencia Tributaria  y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin necesidad de autorización previa de la Judicatura. La tesis de repercusión general se discutirá el próximo miércoles (4).


La votación acerca de la Apelación Extraordinaria (RE) 1055941 fue concluída el jueves (28) con los votos de la ministra Cármen Lúcia y de los ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio y Celso de Mello. Por mayoría de votos, fue aceptada la apelación para restablecer la sentencia condenatoria de primera instancia, basada en datos compartidos por la Agencia Tributaria sin autorización judicial previa.


La mayoria estuvo formada por los ministros Alexandre de Moraes (voto completo en portugués), Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y Dias Toffoli, ponente en la apelación y presidente del STF. Los ministros Marco Aurélio y Celso de Mello formaron la minoría.


En la sesión de hoy, el Ministro Toffoli hizo ajustes a su voto para conceder plenamente la apelación y restablecer la sentencia original. Con la rectificación, pese a algunas discrepancias puntuales, el presidente adoptó el entendimiento mayoritario, admitiendo que  la Agencia Tributaria comparta todo el procedimiento administrativo tributario sin autorización judicial.


Con la conclusión de la votación, se revocó la liminar  del relator, que había determinado en Júlio la suspensión, a nivel nacional, de todos los procedimientos judiciales y las investigaciones y procedimientos de investigación criminales iniciados sin la autorización previa del poder judicial, basados en el intercambio de datos detallados por parte de los órganos de supervisión y control protegidos por el secreto fiscal y bancario.
A continuación se presenta un resumen de los votos emitidos en la sesión de este jueves.


Ministra Cármen Lúcia


La Ministra Cármen Lúcia considera que no existe ninguna irregularidad en el intercambio pleno de la información obtenida legalmente por los organismos de inspección con el Ministerio Público y la policía cuando se detectan indicios de la práctica de delitos penales. Según ella, la comunicación a las autoridades competentes de información que revele la práctica de actos ilícitos no viola el deber de secreto, porque el derecho fundamental a la intimidad y al secreto no debe otorgar a los ciudadanos inmunidad ante las acciones del Estado con el fin de combatir la delincuencia.


La ministra señaló que la legislación brasileña establece como deber funcional la comunicación de cualquier actividad sospechosa de prácticas ilícitas a los órganos competentes para iniciar investigaciones penales. Por otra parte, la ley prevé el mantenimiento obligatorio de la confidencialidad por parte de la autoridad que recibe la información, bajo pena de responsabilidad civil y penal.


Ministro Ricardo Lewandowski


Al votar a favor de la concesión plena de la Apelación, el Ministro Ricardo Lewandowski señaló que el asunto en discusión es similar al examinado por la Corte Suprema en la RE 601314, también con repercusión general, cuando el Pleno declaró la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley Complementaria 105/2001 y consideró innecesaria la autorización judicial para que el Servicio de Impuestos Internos recabe información bancaria de los contribuyentes. Como resultado de esa decisión, la Justicia también consideró lícito transferir los datos obtenidos legalmente por la Agencia Tributaria a la Fiscalía con fines de persecución penal.
Según Lewandowski, no se trata de pruebas obtenidas ilegalmente o de una violación indebida del secreto bancario y fiscal por parte de la Agencia Tributaria, ya que ésta actuó mediante la apertura de un procedimiento tributario administrativo previo y bajo los estrictos términos de la legislación. "En este caso, no se considera una distribución indiscriminada o aleatoria de los datos bancarios y fiscales entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, sino sólo la transferencia o el traspaso de ese conjunto de pruebas relativas a la sonegación fiscal de los contribuyentes con el fin de determinar su responsabilidad penal", dijo.
Voto completo del Juez Ricardo Lewandowski, en português


Ministro Gilmar Mendes


Según el Ministro Gilmar Mendes, la Agencia Tributaria Federal debe transmitir al Ministerio Público toda la información necesaria para permitir la acción penal y los datos que demuestren el monto del impuesto adeudado. Sin embargo, considera imprudente establecer de antemano qué información puede incluirse en la Representación Fiscal con Fines Penales.
En el caso de la UIF, el ministro destacó que la agencia tiene el deber legal de difundir información. Pero, según Gilmar Mendes, el Informe de Inteligencia Tributaria debe entenderse como una mera pieza de inteligencia financiera - "como dice su nombre"-, y exactamente por su naturaleza, no puede ser utilizado como prueba para fines de investigación o acción criminal.


Ministro Marco Aurélio


El Ministro Marco Aurélio presentó opinión discrepante cuando votó a favor de la desestimación del recurso extraordinario,  porque cree que el secreto de los datos sólo puede eliminarse excepcionalmente -para un fin específico y por decisión judicial-  y que una decisión en sentido diverso fomenta la inseguridad jurídica. "Debo tener en cuenta, sobre todo, no la búsqueda, a cualquier precio, de la responsabilidad penal, sino el dictamen constitucional", dijo.


Para el ministro, el TRF-3, en la decisión de segunda instancia objeto de la apelación, no violó la Constitución, ya que al aplicar el punto XII del artículo 5, protegió la garantía de confidencialidad.


Ministro Celso de Mello


El ministro Celso de Mello también votó a favor de desestimar el recurso. Sin embargo, consideró plenamente legítimo que la UIF comparta el contenido de sus informes de inteligencia financiera con los organismos de persecución penal, y subrayó que el Ministerio Público y la Policía tienen el deber de preservar la confidencialidad de los datos e información transmitidos.


Debido a las garantías constitucionales de protección del secreto bancario y tributario, el Ministro considera que la representación fiscal con fines criminales debe contener únicamente la descripción objetiva del hecho presuntamente delictivo además de información relativa al contribuyente, sin compartir, por lo tanto, documentos protegidos por el secreto, tales como balances detallados de cuentas bancarias, declaraciones del impuesto sobre la renta, libros de contabilidad y facturas. Para el decano, el requisito de la autorización judicial previa no frustra ni impide el pleno ejercicio, por parte de cualquier organismo del Estado, de las facultades de investigación, inspección y sanción.


Voto completo del Juez Celso de Mello, en português


(Redacción/CR//CF)

Lea mas
 

Contacto
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil – Código Postal 70175-900 Teléfono: 55.61.3217.3000