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La Corte Suprema ya firmó 15.000 fallos a favor de jubilados por actualización de haberes

El 18 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia emitió el primero de tres fallos que comprometen el equilibrio fiscal que el Gobierno prometió al FMI y que, como contrapartida, deberían mejoran el poder adquisitivo de jubilados y una porción no desdeñable de trabajadores del sector público: los agentes de las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, esta triada de casos sentó jurisprudencia para resolver otros miles de expedientes. Y el máximo tribunal avanzó en despachar sentencias análogas, que le ponen mayor velocidad al impacto judicial en las arcas del Estado.

El caso Blanco

En el caso Lucio Blanco, ese que la Corte sacó hace ya seis meses, la Justicia ordenó a la Anses actualizar haberes iniciales en base al índice Isbic, un indicador que remunera mejor a los adultos mayores que el que el ente previsional empleaba, el Ripte. Desde entonces, el máximo tribunal aceleró los expedientes análogos que tenía en sus oficinas. Hasta fines de mayo, los jueces de la instancia más alta emitieron unas 15.000 sentencias similares, que deberían impactar en los bolsillos de los litigantes.

El viernes, al disertar en las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, el juez Horacio Rosatti afirmó que “la conformación de una agenda temática ha permitido escoger casos líderes” y dar “celeridad a aquellas causas que involucran a miles de casos análogos”. Y ejemplificó: “Este procedimiento permitió, por ejemplo, gracias al fallo “Blanco” resolver - entre febrero y mayo de este año – 15.000 expedientes similares”.

Además, según fuentes judiciales y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente previsional dejó de apelar los expedientes análogos de instancias inferiores. Son al menos 150.000 casos, según estimaciones muy provisorias de fuentes tribunalicias y abogados previsionalistas. Hay algunas sentencias que quedaron en una suerte de limbo: aquellas que tenían fallo de Cámara y que la Anses apeló antes del 18 de diciembre, y que ahora deberían resolverse con un cierre definitivo. “Con Blanco, en general, no discuten más, pero se les escapa alguna apelación en primera instancia. Y eso, en la Ciudad de Buenos Aires, son tres o cuatro años más hasta que lo toma la Cámara”, matiza el abogado Adrián Troccoli.

Para el Gobierno esos 15.000 expedientes representarán un gasto adicional de algo más de 700 millones de pesos por año, según las estimaciones que hizo hace seis meses el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “Cuando estén todos validados el costo anual será de 700 millones de pesos”, dijo entonces el funcionario, cuando el Ejecutivo estimaba que pululaban por los despachos de la Corte unos 12.000 casos similares al de Blanco.

De acuerdo con otras fuentes oficiales, esa estimación no contemplaría el pago retroactivo de las sentencias, sino solo la actualización de los haberes hacia adelante. Como referencia, la Anses paga por año unos 40.000 juicios y el presupuesto para saldar esas sentencias es de $34.538 millones. En promedio, cada juicio implica un desembolso de $863.450.

Pero en las instancias inferiores se acumulan más expedientes. Una proyección simple arroja que, cuando esos 150.000 casos que deben resolverse tengan sentencia definitiva, sumarían al gasto público 7000 millones de pesos por año (actualizados cada vez por la ley de movilidad). Sin contar el pago de los retroactivos.

Impuesto a las Ganancias

El segundo fallo clave llegó el 26 de marzo último. La Corte, con votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton, decidió que era inconstitucional retenerle impuesto a las Ganancias a la jubilada María Isabel García, que cobra su pensión a través de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. El fallo, según estimaciones oficiales, podría extenderse a otros 300.000 jubilados, si se suman los que cobran de Anses y los que dependen de cajas provinciales.

En este caso, el impacto no sería tan directo, según fuentes del Gobierno, la Justicia y especialistas. Por mayoría, la Corte rechazó que el criterio de ingresos sea el único con el que se defina si el jubilado debe pagar Ganancias y consideró criterios de “vulnerabilidad”. Eso hace que la revisión sea caso por caso y que la Anses apele sistemáticamente los expedientes alojados en instancias inferiores -si bien el fallo de la Corte tiene a la AFIP como contraparte, los litigios van contra una u otra dependencia, o ambas-. “Vamos a seguir apelando, porque la ley dice que deben tributar Ganancias aquellos jubilados que ganen a partir de seis haberes mínimos”, especificaron en el ente previsional.

En los dos meses y medio que sucedieron al fallo García, la Corte suprema firmó unos 250 expedientes análogos, una cantidad sustancialmente menos a la del caso Blanco por actualización de haberes. “Debe verificarse la situación de vulnerabilidad”, explicaron fuentes tribunalicias ante la consulta de TN.com.ar.

Cuando se conoció el fallo García, el Gobierno estimó su impacto fiscal. “En 2018, el total de retenciones de Anses por impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados fue de $5748 millones, de los cuales $3600 millones correspondieron a haberes mensuales y $2088 millones, a retenciones sobre sentencias", precisó Hacienda. Al sumarse las percepciones mediante cajas provinciales, se llegaría a los $14.500 millones de recaudación afectados si la sentencia particular se expande al universo de adultos mayores.

Fuerzas de seguridad

El tercer fallo llegó el 21 de mayo y fue unánime. La Corte falló a favor de una integrante de las fuerzas de seguridad, Carla Sosa, que reclamó incorporar las sumas no remunerativas al salario y tenerlas en cuenta para el cálculo de la futura jubilación.

Según fuentes judiciales, existen 1200 expedientes análogos al caso Sosa en las Fuerzas Armadas, otros 2400 en la Policía Federal y 1400 más vinculados a efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Hasta el momento, la Corte firmó 500 de los 1200 casos similares al de Sosa y prepara fallos similares para litigantes pertenecientes a las otras fuerzas. En todos los casos, el Estado deberá remunerativizar una parte del salario, pagar contribuciones patronales y, más adelante, mejorar la jubilación de los efectivos.

A la larga, el fallo de la Corte debería repercutir en los salarios de los más de 210.000 agentes de fuerzas de seguridad del Estado nacional.

Un largo recorrido hasta el bolsillo

Si bien la ley da un plazo de 120 días hábiles para pagar las sentencias una vez que quedan firmes, los fallos a favor de los jubilados recorren un largo camino hasta ser pagados.

Primero, los expedientes deben “bajar” hasta la primera instancia y luego llegan a la Anses. Una vez que están en poder del ente previsional, la dependencia de Emilio Basavilbaso los incorpora a la lista sentencias por pagar.

El Presupuesto alcanza para que la Anses pague 40.000 fallos por año, pero existen un stock de 100.000 casos con sentencia firme. Para saldarlos, el ente previsional tiene un sistema de puntajes y asigna prioridades en función de distintos factores: el estado de salud del litigante (prioritario), el haber (cuanto menos gane, más rápido cobrará), la edad y el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio son los aspectos que se tienen a la hora de asignar los recursos disponibles para liquidar sentencias.

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