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La DC publica sus Bases Constitucionales para la Nueva Constitución.

19 de enero de 2021.

Recientemente, la DC publicó, lo que consideran, sus bases constitucionales para la nueva Constitución.

Dicho documento, fue redactado por la Comisión Técnica Constitucional del partido, la cual está integrada por las siguientes personas: Jorge Correa, Javier Couso, María Cristina Escudero, Carlos Huneeus, Tomás Jordán, Alejandra Krauss, Soledad Lucero, Christopher Martínez, Humberto Noguiera, José Ignacio Núñez, Nelson Ortiz, Julia Panez, Alejandra Precht, Jorge Precht, Augusto Quintana, Edgardo Riveros, Macarena Rodríguez, Héctor Ruiz, Christian Suárez, Esteban Szmulewicz, Constanza Tobar, Claudio Troncoso (Presidente), Pablo Valenzuela, Elisa Walker, Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y Patricio Zapata.

El documento indica que, en primer lugar, si se tuviera que resumir en una frase la esencia de la propuesta constitucional, dirían que ella busca que el Pueblo chileno se dote de un sistema institucional eficaz que, respecto de todas y todos los habitantes de nuestra Tierra, garantice y promueva de mejor manera las siguientes tres dimensiones: Dignidad, Democracia y Derecho.

Enseguida, en relación con las garantías del orden institucional, el partido político explica que Tal como lo contempla el proyecto de nueva Constitución de la ex Presidenta Bachelet en esta materia son partidarios de que se establezca el deber del Estado de garantizar el orden institucional, incluyendo dentro de ese enfoque la mención al terrorismo, agregando explícitamente que dicho deber ha de cumplirse siempre respetando los derechos humanos.

Luego, sobre las características y el rol del estado, respondiendo al desarrollo histórico del país, y muy especialmente a las luchas y conquistas de trabajadores organizados, pobladores, estudiantes y campesinos, atendiendo, luego, a los compromisos internacionales libremente asumidos por nuestra Nación y considerando, finalmente, que el libre desenvolvimiento de la personalidad y la dignidad humana exigen la satisfacción fáctica de ciertas necesidades sociales, el Estado chileno debe declararse y asumirse como un Estado Social y Democrático de Derecho.

A continuación, respecto de los Derechos Fundamentales, la DC aduce quel Nueva Constitución debe formular una adhesión explicita y enfática al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado de Chile debe ratificar su voluntad inquebrantable de cumplir escrupulosamente con todos los compromisos asumidos en materia de Derechos Humanos. La nueva Constitución debe proclamar solemnemente que ella asume como absolutamente vinculantes para todos los órganos del Estado las normas internacionales que comprometen a Chile, lo cual no sólo incluye a los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes, sino que, también, al derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho internacional. Agrega que, para estos efectos, se propone señalar que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos humanos, agregando a continuación que “Es deber de los órganos del Estado promover y respetar tales derechos contenidos tanto en esta Constitución como en las normas internacionales que obligan a Chile.”

Posteriormente, en relación con la tutela judicial de los derechos económicos, sociales y culturales se indica que “Todas y Todos los Demócrata Cristianos coincidimos en cuanto a que las personas tendrán siempre derecho a reclamar en sede judicial cuando la acción estatal que satisface un derecho social constituya una discriminación arbitraria.”

Por otro lado, la comisión técnica establece que La Nueva Constitución debe asegurar a todos los ciudadanos el libre e igualitario ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano. Esto significa, entre otras cosas, garantizar el derecho de elegir y ser elegido, el derecho a una amplia publicidad y transparencia de los actos públicos, el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a participar en la elaboración de proyectos normativos y políticas públicas, en la forma que la ley determine.

Luego, no obstante existir legítimas y diversas posiciones sobre cuál es el mejor sistema de Gobierno, con miras a buscar puntos en común y aportar a la unidad de la oposición en la generación de consensos en materia constituyente, se ha acordado proponer el avance hacia una forma semipresidencial que permita dotarnos de un gobierno que confiera mayor gobernabilidad, fortalezca la representación, pero, al mismo tiempo, dote de mayor legitimidad al sistema político y de partidos.

Seguidamente, el documento propone diseñar un mecanismo de integración y de designación de un número impar de ministros (9 u 11 parece un número razonable), que ofrezca garantías de independencia y competencia en derecho público que doten al TC de suficiente legitimidad para desempeñar su importante rol.

Finalmente, la DC concluye que “en los próximos meses nuestra Patria dará inicio formal a un proceso constituyente que esperamos concluya con la Constitución de 2022, que esperamos goce de plena legitimidad y nos proporcione un marco constitucional estable, que nos permita profundizar nuestra vida democrática y el desarrollo integral de un país más justo y equitativo. Debe ser un tiempo en el que volvamos a mirar nuestra historia para encontrar aprendizajes que nos sirvan a todos. Ha de ser, además, un momento para el examen crítico de nuestras instituciones actuales. Será necesario, también, que hagamos un esfuerzo por proyectarnos hacia el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos.”.

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