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Acerca de la corte Impresión


Supremo Tribunal Federal (1890)

El Supremo Tribunal Federal sucedió al Supremo Tribunal de Justicia. El Decreto 848, de 11 de octubre de 1890, editado por el Gobierno Provisorio de la República, dispuso sobre su organización, confiriéndole la posición de órgano de cúpula de la Justicia en el Brasil. Con la elaboración de la Constitución republicana de 1891, se instaló la Corte Suprema el 28 de febrero de aquel año, con la realización de la primera sesión plenaria, presidida por el Ministro Sayão Lobato, que, hasta entonces, presidía el Supremo Tribunal de Justicia. En esa misma sesión, el Supremo Tribunal Federal eligió su primer Presidente, el Ministro Freitas Henriques.

Compuesto de quince Ministros, la mayoría oriunda del Supremo Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal Federal nació instituido de poder expreso de decretar la inconstitucionalidad de las leyes, papel anteriormente ejercido por el Poder Legislativo, lo que garantizó al nuevo órgano la calificación de guardia mayor de la Constitución, dando origen a la historia del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes en el Brasil.

Sobre la historia del Supremo Tribunal Federal, es importante señalar que el Tribunal, durante toda su existencia, no consiguió superar ileso los momentos de tensión, conflicto y opresión, aunque sea un órgano de cúpula del poder judiciario brasilero. En las circunstancias más críticas, como la declaración del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, varias repercusiones influyeron en la Corte Suprema, que, incluso con su imagen de inviolable pasó por adversidades que limitaron su competencia y alteraron su composición.

En ciertos períodos de la República, Jefes del Poder Ejecutivo buscaron interferir en el Supremo Tribunal Federal, algunos de forma incisiva. En ese escenario, la Corte fue sometida a situaciones de extremo desconformo y vulnerabilidad. En tanto, mantuvo, desde la instalación, continuo funcionamiento, no subyugándose al poder incesante del Presidente de la República. La más Alta Corte del País continuaba con la misma envergadura, desempeñando la función principal de velar por las garantías constitucionales.

Cabe resaltar, dentro del contexto de la historia republicana, la Presidencia de Marechal Floriano Peixoto, que asumió el poder sin convocar nuevas elecciones, contradijo lo que disponía la Constitución de 1891 y adoptó política centralizadora, dirigida para un Poder Ejecutivo fuerte. En el período de su gobierno, decretó estado de sitio, suspendió las garantías constitucionales y nominó, para el Supremo Tribunal Federal, cinco Ministros que, aunque hubieran aceptado la nominación, no obtuviesen la aprobación del Senado. Esos Ministros fueron los Generales Innocencio Galvão de Queiroz y Ewerton Quadros, el médico Barata Ribeiro y los ciudadanos Antonio Seve Navarro y Demosthenes da Silveira Lobo, todos, según el Presidente, “de notable saber”, como exigía la Constitución de 1891. El Senado Federal, sin embargo, declaró que el notable saber se refería a conocimiento jurídico y instrucción sobre las materias que constituyeran las funciones del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, el médico Barata Ribeiro fue Ministro por casi un año, mientras la indicación de su nombre todavía dependía de confirmación por el Senado Federal, que, finalmente, lo rechazó.

Nuevas vacantes de Ministro del Supremo Tribunal Federal surgieron en consecuencia de muertes y jubilaciones, pero, debido al rechazo de las indicaciones hechas por el Presidente Marechal Floriano Peixoto, este dejó de ocupar los cupos de Jueces de la Corte, lo que impidió al Tribunal de juzgar durante algunos meses, por no tener el quórum mínimo legal.

Es necesario distinguir – y destacar – en la Primera República la importancia de la figura inminente de Ruy Barbosa, que tanto defendió el reconocimiento y el crecimiento del Supremo Tribunal Federal como guardián e intérprete final de la Constitución. Así inspirado de la imagen de gran patrono de las causas de la Justicia, Rui Barbosa impetró varios habeas corpus ante la Corte Suprema que vinieron a revolucionar la competencia del Tribunal Mayor.

Ruy Barbosa despertó, en el Supremo Tribunal Federal, la consciencia del poder de la Corte para desempeñar la plenitud de sus altas funciones en causas memorables. Influyó, en este Ilustre Tribunal, la exacta percepción de la supremacia y de la elevada posición que debía ocupar en el cuadro institucional del País. Dejó, todavía, consignada, en la historia del Brasil y del Supremo Tribunal Federal, su influencia como el mayor incentivador para que el Tribunal asumiese la magnitud que la Constitución le reservaba entre los Poderes. A partir de entonces la Corte Suprema supo desempeñar esa alta misión, ejerciendo, en proceso continuo y permanente, su independencia, consciente de su responsabilidad política, social y jurídico-constitucional.

El fin del gobierno de Floriano Peixoto no mudaría las tensiones que el Supremo Tribunal Federal iría a enfrentar en el transcurso de la República.

Al final de 1910, bajo la Presidencia de la República de Marechal Hermes da Fonseca, el Supremo Tribunal Federal se vio, una vez más, frente de un desafío que se convertiría habitual: el incumplimiento, por el Poder Ejecutivo, de varias decisiones emanadas de la Corte Suprema. Para ejemplificar, se puede citar el no cumplimiento de la decisión establecida en el Habeas Corpus 2.984, en que el Supremo Tribunal Federal concedió la orden de habeas corpus, para que fueran facultados y garantizados a los impetrantes – diputados estatales – la libre locomoción y el ingreso en el lugar donde ya funcionaba la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro.

La Constitución de 1891, vigente a la época, previa, únicamente, el remedio constitucional del habeas corpus, que no atendía a todas las situaciones de violación de derechos. Había, por tanto, la necesidad de ampliar la protección a los derechos individuales. Surge, entonces, la doctrina brasilera del habeas corpus, que, invocada por el Abogado Rui Barbosa en los procesos en que actuaba, encontró, en el Supremo Tribunal Federal, apoyo y perfeccionamiento, principalmente en los votos de los eminentes Ministros Pedro Lessa y Enéas Galvão. Así, la doctrina brasilera del habeas corpus se consolidó en la jurisprudencia de la Corte con la finalidad de conferir mayor efectividad a los derechos individuales. En ese sentido, el habeas corpus continuaría con la preservación de la libertad física del individuo, además de aplicar, también, a los casos en que la coacción o el constreñimiento fueran utilizados para impedir el ejercicio de cualquier derecho líquido e indiscutible.

Con esa nueva doctrina brasilera – es importante registrar – surgida en el Supremo Tribunal Federal, el habeas corpus pasó a ser el instituto garantizador de determinadas situaciones jurídicas que no se encontraban adecuadamente protegidas por el ordenamiento jurídico-procesal.

En el Gobierno Provisorio instaurado en 1930, Getúlio Vargas, quien se impuso Presidente de la República, expidió varios decretos que tuvieron influencia inmediata en las atribuciones y en el funcionamiento de la Corte. Fue lo que ocurrió con el Decreto 19.398/1930 – que suspendió las garantías judiciales de los magistrados y excluyó de la apreciación del Poder Judicial los actos del Gobierno Provisorio – y con el Decreto 19.711/1931 – que jubiló, obligatoriamente, seis inminentes Ministros del Supremo Tribunal Federal: Godofredo Cunha, Edmundo Muniz Barreto, Antonio Pires e Albuquerque, Pedro Affonso Mibieli, Pedro dos Santos e Geminiano da Franca. Con el Decreto 19.656/1931, el Gobierno Provisorio redujo el número de Ministros de la Corte para once Jueces.

Con la promulgación de la Constitución de 1934, los Ministros del Supremo Tribunal Federal, que tenían cargo vitalicio – tomando en consideración que la Constitución de 1891 les daba esa garantía –, quedaron sometidos a jubilación compulsoria a los 75 años. Esa Constitución también cambió la denominación del Supremo Tribunal Federal para Corte Suprema y mantuvo en once el número de componentes.
La Carta Constitucional de 1937, que restableció la antigua denominación del Supremo Tribunal Federal, restringió, significativamente, los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, además de reducir el límite de edad para 68 años para efecto de jubilación compulsoria de los Ministros de la Corte. No altero, sin embargo, el número de Ministros del Tribunal, que permaneció en once Jueces.

El Presidente de la República Getúlio Vargas, infringiendo, nuevamente, la autonomía institucional del Supremo Tribunal Federal, editó el Decreto-Ley 2.770/1940 y, con fundamento en ese acto, pasó a tener poderes para nombrar el Presidente y el Vice-Presidente del Supremo Tribunal Federal. Hasta entonces, los Ministros eran electos para esos dos cargos por sus pares, de modo que el Tribunal, con esa intervención, fue, una vez más, blanco de la imposición restrictiva del Jefe del Poder Ejecutivo.

El Supremo Tribunal Federal, además de tener su autonomía desprestigiada, sufrió, también, interferencias en su competencia, que fue reducida con la declaración de los estados de emergencia y de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales. En esa misma época, fue creado – sin previsión constitucional – el Tribunal de Seguridad Nacional (Ley 244, de 11/9/1936), órgano de excepción que – subordinado al Poder Ejecutivo, que actuaba en desacuerdo con la Constitución vigente – poseía la función de juzgar crímenes políticos y contra la economía popular. El Presidente de la República, por su lado, actuaba de forma arbitraria y legislaba por decreto.

El Supremo Tribunal Federal, durante ese período (1930 a 1945), vivenció uno de los momentos más difíciles de su historia no solo por el hecho de ser sometido a tres diferentes Constituciones, pero también porque el País atravesaba una gran instabilidad política, cuando se exacerbaron los poderes del Presidente de la República en perjuicio de la autonomía institucional de los Tribunales.

Esta Suprema Corte mantuvo su independencia, para no someterse al poder dictatorial del Jefe del Poder Ejecutivo, buscando, con la autonomía de que disponía, ejecutar sus funciones, con dignidad y ética, y asegurar la prevalencia de la Constitución Federal, tornando, de ese modo, efectivas las garantías en ella establecida.

Con la ruptura del Estado Nuevo y la consecuente destitución del Presidente Getúlio Vargas del poder, el 29 de octubre de 1945, asume la Presidencia de la República el Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro José Linhares, quedando al frente del Tribunal su Vice-Presidente, el Ministro Castro Nunes.

Uno de los primeros actos del Presidente del Tribunal, Ministro José Linhares, como Presidente de la República, fue disolver el Tribunal de Seguridad Nacional mediante la promulgación de la Ley Constitucional 14, del 17 de noviembre de 1945. Un nuevo amanecer. El 4 de enero de 1946, el Presidente José Linhares, en ejercicio de la Presidencia de la República, por medio del decreto 8.561/1946, restableció el derecho de la propia Corte a elegir su Presidente y Vice-Presidente, permitiendo que, en aquel mismo año, el Ministro José Linhares volviese a ocupar la Presidencia del Tribunal, por votación directa de sus miembros.

La Constitución de 1946 se destacó por haber promovido algunas alteraciones en el cuadro político-institucional del País, dado que expandió las conquistas sociales – inclusive reconociendo el derecho de huelga -, con el objetivo de establecer una justicia social más amplia, de garantir mayores derechos políticos y de ampliar los derechos y garantías fundamentales. La Carta modificó la edad de jubilación de los Ministros del Supremo Tribunal Federal a setenta años. En resumen, el texto constitucional traía, todavía, varias características que la asemejaban a las Constituciones de 1891, 1934 e 1937.

 

Como consecuencia de varios movimientos sociales, hubo, en 1964, un golpe de estado y se produjo la deposición del Presidente João Goulart (Jango), cuyo gobierno fue interrumpido arbitrariamente. Como consecuencia de esos actos, se instaló el poder militar, consustanciado en varios actos institucionales.
Ante varios conflictos, prisiones ilegales, supresión de derechos, que ofendían frontalmente la Constitución democrática de 1946, el Supremo Tribunal Federal, cumpliendo la función principal de guardián de la Constitución, al juzgar y conceder los múltiples habeas corpus interpuestos ante el Tribunal, reafirmó su autoridad e independencia en cara al poder arbitrario.

Con el Acto Institucional n° 2/1965, el Presidente de la República, Castello Branco, alcanzó a la Suprema Corte, elevando la composición numérica del Tribunal de once a dieciséis Ministros. El Acto Institucional n° 2/1965 tenía el objetivo, luego frustrado, de moldear al Supremo Tribunal a los designios del nuevo régimen de los gobernantes. Esa maniobra política, sin embargo, no alcanzó éxito, porque los Jueces de la Suprema Corte brasilera, concientes de su alta responsabilidad, supieron ser fieles a su propia conciencia democrática.

Vale hacer referencia, en este contexto, al episodio que marcó la resistencia de los Ministros ante el autoritarismo del régimen militar. Durante la Presidencia de la República de Castello Branco, el Ministro Álvaro Ribeiro da Costa, Presidente del Supremo Tribunal Federal no aceptó la provocación del Presidente de la República, que intentó someter a la Corte Suprema a la filosofía autoritaria del movimiento de 1964. En esa ocasión, el Presidente del Supremo Tribunal Federal respondió de forma vehemente, afirmando que, por ser el órgano máximo del Poder Judicial, el Supremo no se sometería a ningún golpe institucional.

Durante el Régimen Militar, se produjo la usurpación de los derechos y garantías individuales, la inobservancia de los derechos fundamentales, la no convocatoria a elecciones, la creación de la Ley de Seguridad Nacional, para perseguir a quienes se oponían al régimen vigente. Se constituyó, de ese modo, un régimen opuesto al estado democrático de derecho.

Otros actos institucionales que fueron emitidos, los n° 3 y 4, suprimieron derechos ya conquistados. El objetivo del Gobierno Militar, con la emisión de aquellos actos, fue el de fortalecer el poder del Presidente de la República – fuera del contexto normativo delineado por el ordenamiento constitucional entonces vigente-, dando origen a una nueva Constitución, la Carta de 1967, sin convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno Militar interrumpió el proceso constitucional de Brasil y, por medio del Acto Institucional nº 5, demostró su propia fuerza, porque disolvió el Congreso Nacional, suspendió las garantías constitucionales y transmitió al Poder Ejecutivo el derecho de legislar sobre todos los asuntos. Brasil fue sometido a una nueva forma de estatocracia, y, consecuentemente, los Poderes Legislativo y Judicial no consiguieron superar ilesos este periodo. Después de varios decretos, el Supremo Tribunal Federal se vio privado de tres eminentes ministros: Victor Nunes Leal, Evandro Lins y Hermes Lima, quienes, por haber sido indicados por los antecesores del régimen militar – Presidentes de la República Juscelino Kubitschek y João Goulart -, fueron sometidos a ese acto repugnante, desprovisto de parcela alguna de legitimidad jurídico-institucional.

Fue, por tanto, un periodo de evidente desafío para el postulado esencial de la legitimidad democrática. Debe registrarse que el Acto Institucional n° 6, del 1° de febrero de 1969, redujo la composición numérica de los Ministros de la Corte de dieciséis para once.

En señal de repudio por la destitución de los Ministros de la Corte, el entonces Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro Gonçalves de Oliveira, renunció a su cargo, juntamente con el Ministro Lafayette de Andrada. El Supremo Tribunal Federal, de ese modo, vio extirpadas de sus umbrales a las figuras eminentes de esos Ministros, que dejaron de tener los asientos en el máximo tribunal que legítimamente se les había otorgado y que ahora se les quitaba por medio de un acto de tal arbitrariedad. En esos instantes cruciales, todavía, cuando predominaban la arrogancia u la avidez de poder, los eminentísimos Jueces continuaron, todos, imbuidos en la búsqueda incesante del estado democrático de derecho y de la construcción del ideal de justicia.

La Carta de 1969, otorgada por la Junta Militar – Ejercito, Aeronáutica y Marina -, no contribuyó a la revitalización política-institucional de Brasil. Se mantuvo la mayor influencia del Poder Ejecutivo sobre los Poderes Legislativo y Judicial, permaneciendo, de esa forma, una jerarquía centralizadora.
El Supremo Tribunal Federal, en la controvertida historia republicana, siempre procuró cumplir su misión, avanzando en momentos de mayor autonomía, desempeñando sus funciones ante el cuadro político-institucional correctamente y con altivez, sin enmudecer, aún ante la acción opresora de los regimenes entonces vigentes.

Los años de arbitrio, opresión y suspensión de derechos en el contexto histórico de Brasil llevaron a los constituyentes a elaborar el texto que compone la Constitución Federal de 1988, a abarcar y agotar todos los asuntos, sin dejar laguna alguna que pudiese transformar al Brasil en blanco de regimenes totalitarios. El Supremo Tribunal Federal, en el transcurso de la historia republicana, enfatizó que nada compensa la ruptura del orden institucional, nada recompone los gravísimos efectos que derivan de un gesto de infidelidad a la Ley Fundamental.

La defensa de la Constitución, por eso mismo, no se expone ni debe someterse a juicio alguno de oportunidad o de conveniencia, mucho menos a valoraciones discrecionales fundadas en razones de pragmatismo gubernamental. La relación entre el Poder y sus agentes y la Constitución ha de ser, necesariamente, una relación de respeto.

Para no desconocer las lecciones de la historia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal – independiente y consiente de su misión histórica y papel institucional que le cabe desempeñar, en plenitud, en el seno de una sociedad abierta y democrática – constituye una certeza y la garantía de preservación de la supremacía de la Constitución.

Si, en determinado momento histórico, circunstancias de hecho o de derecho reclamaren la alteración de la Constitución, en orden a conferirle mayor contemporaneidad, para ajustarla, de ese modo, a nuevas necesidades políticas, sociales o económicas, debe imponerse la previa modificación del texto de la Ley Fundamental, siempre con estricta observancia de las limitaciones u del proceso de reforma establecidos en la propia Carta Política.

El Supremo Tribunal Federal asume, por tanto, un papel de fundamental importancia en la organización institucional del Estado brasilero, a justificar el reconocimiento de que el modelo jurídico-político vigente en nuestro País confirió a nuestra Suprema Corte – guardiana de la Constitución, por expresa delegación del Poder Constituyente – la atribución de mantener la integridad del sistema político, la protección de las libertades públicas, la estabilidad del ordenamiento normativo del Estado, la seguridad de las relaciones jurídicas y la legitimidad de las instituciones de la República.

Como forma de evitar rupturas y preservar la democracia, el Poder Judicial fue el Poder estatal que la Constitución Federal de 1988 más prestigió, dotándolo de independencia ante los demás Poderes (artículo 2°), de autonomía administrativa y financiera (artículos 96 y 99), más allá de atribuirle la guarda fundamental de la Constitución (artículo 102), como el deber de consolidar el estado democrático de derecho. Asiste, por tanto, al Magistrado, el deber de actuar como instrumento de la Constitución en la defensa incondicional y garante de los derechos fundamentales.

La razón de ser de ésta prerrogativa se justifica ante la imperiosa necesidad de resguardar la independencia del órgano, colocando, únicamente, bajo su poder decisorio, el monopolio de la última palabra de exégesis de las normas escritas en el texto de la Ley Fundamental.

Por todo esto, el Supremo Tribunal Federal siempre estuvo conciente de su alta misión institucional, actuando de modo absolutamente incondicional en la garantía del orden jurídico, en la defensa del régimen democrático y en la protección de los intereses sociales e individuales indisponibles.

 

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